La trama de los supuestos sobornos de Google a jueces argentinos

El viernes 15 de julio pasado comenzó a circular en varios medios argentinos una noticia vinculada a la denuncia realizada por el abogado Adolfo Martín Leguizamón Peña contra Google Argentina. El motivo: supuestos sobornos a jueces responsables de causas iniciadas por daños y perjuicios contra artistas locales. Estos artistas reclaman que los resultados del buscador asocian sus nombres a contenidos pornográficos o de ofertas sexuales y eso perjudica su imagen pública.

Los jueces acusados de haber recibido dádivas por parte de Google son Patricia Barbieri y Ana María Brilla De Serrat, magistradas de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires. También Ricardo Víctor Guarinoni y Santiago Kiernan, jueces de la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial Federal de esta misma ciudad. La investigación iniciada intentará determinar si alguno de estos jueces resolvió expedientes relacionados con las causas que lleva Leguizamón Peña contra Google de Argentina, en beneficio de esta empresa, cooptados por sobornos en dinero u otro tipo de mercancía.

¿Quién es Leguizamón Peña?

El abogado querellante Adolfo Martín Leguizamón Peña trabaja desde hace más de 15 años con agencias de modelos y celebridades argentinas con alta exposición como Diego Armando Maradona, Susana Giménez, Nicole Neumann y Julieta Prandi entre otras destacadas. Su nombre comenzó a recibir exposición pública a partir de un fallo a favor obtenido por una medida cautelar presentada por el futbolista Diego Maradona y su familia que obligaba a Google y Yahoo! a retirar todo tipo de enlaces y resultados que vincularan a los demandantes con sitios pornográficos.

Los abogados de Google consultados acusan a Leguizamón Peña de haber montado una industria del juicio en torno a estos casos, argumentando que existen patrones de conducta que demostrarían que el procedimiento realizado en cada caso y las presentaciones ante la Justicia estarían planificados y estructurados de manera idéntica.

Al momento de conocerse el fallo favorable a Diego Maradona, Google declaró que “es imposible controlar los contenidos de todas las páginas” y definieron el accionar del abogado querellante como un “modus operandi, donde el monto que se solicita como daño siempre oscila entre los 300 y 400 mil pesos.

Además de figuras artísticas, el estudio que dirige ha manejado los casos de la jueza Servini de Cubría, y de clientes sin exposición pública, como una profesora de inglés y un empresario chaqueño que reclamaban a Google quitar los resultados que mostraban sus nombres por haber recibido comentarios injuriosos contra su persona en Internet.

¿En qué basa su denuncia?

Leguizamón Peña sostuvo prácticamente todos sus casos (presentó 108 demandas contra Google y Yahoo! desde 2006) sobre el argumento de que el buscador posee herramientas para bloquear páginas pero no lo hacen, y eso es lo que ellos solicitan, el bloqueo de los sitios que afectan la imagen de sus clientes a través de filtros de contenidos o desindexación.

Luego de un fallo favorable de la Justicia en 2009 a la modelo y cantante argentina Virginia Da Cunha, que le significó una indemnizacion de 100 mil pesos, en agosto de 2010, las camaristas Patricia Barbieri y Ana María Brilla De Serrat de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos revocaron este fallo. Lo mismo sucedió con la modelo y actriz Florencia Raggi, quien había recibido una sentencia favorable en noviembre de 2010 por “daños y perjuicios sumado a las multas devengadas por incumplimiento del pago”, que alcanzaba los 700 mil pesos. Este fallo también fue revocado por los jueces Ricardo Víctor Guarinoni y Santiago Kiernan de la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial Federal de esa misma ciudad.

En este contexto desfavorable, aparece una denuncia de Leguizamón Peña ante la Justicia basada en la supuesta entrega de sobornos a los camaristas a cambio de fallos favorables a Google. El argumento y base de la denuncia se apoya en una supuesta reunión en la que habrían participado los magistrados en las oficinas de Google de Puerto Madero el 1 de septiembre de 2009. Según el fiscal a cargo de la causa, Leguizamón comenta en su denuncia que “le pidió a un conocido suyo si su hijo podía filmar o registrar la situación” donde quedó registrado el ingreso de un ómnibus que traslado a los funcionarios a las oficinas de Google, donde dice reconocer a dos magistrados, aunque ninguno de ellos es alguno de los nombrados en su denuncia. Lo que no aclara el fiscal interviniente es el motivo por el cual Leguizamón estaba al tanto de la llegada de ese ómnibus a las oficinas de Puerto Madero.

Ahora la Justicia requerirá que la División Delitos en Tecnología de la Policía Federal realice un peritaje del video presentado por el denunciante para verificar si existe algún tipo de adulteración de los contenidos y de obtener imágenes de calidad de los rostros de las personas para identificarlas.

¿Que dice Google?

Los representantes de Google Argentina informaron a través de un comunicado su posición respecto a la situación:

“El Dr. Leguizamón Peña representa a más de 100 personas del ambiente artístico y deportivo local que han iniciado juicios contra contra Google. Algunos de estos casos datan del 2006 y desde entonces se han dictado un sin número de decisiones judiciales, muchas de ellas contrarias a Google. Después de años de litigio, Google ha ganado una serie de casos, como Krum y DaCunha, en armonía con la legislación y jurisprudencia internacional.”

Con respecto a la visita de los magistrados a las oficinas de Puerto Madero, informaron que fueron realizadas a través del Programa de Visitas de Jueces a Empresas, dentro del marco del programa de Capacitación de Jueces de AMCHAM (Cámara de Comercio de los Estados Unidos). Este programa es elaborado en conjunto con la International Judicial Academy con el objetivo que los magistrados conozcan cómo funcionan los negocios de la alimentación, las telecomunicaciones, Internet y el entretenimiento, entre otras industrias.

Esto también generó un debate en torno a la figura jurídica de los buscadores y el marco dentro del cual debería permitirse o no a este tipo de empresas vincular contenidos con resultados de búsqueda. Que Google quite de sus resultados los links a sitios o los dé de baja de su index afectaría de cierta manera la libertad de expresión. La discusión no debería centrarse en si los culpables son los resultados que vinculan sitios que afectan la moral y buenas costumbres o perjudiquen la imagen de una figura pública, sino focalizarse en crear herramientas y entidades auditoras de los generadores de estos contenidos.

Vía: Fayer Wayer

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